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Ciudad de México, abril de 2026.Mientras el presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, Juan Jesús, era trasladado a tribunales el pasado 22 de abril, tres funcionarios de la Fiscalía capitalina permanecían en sus hogares, apartados de sus cargos y a la espera de lo que determine la justicia. No son acusados directos del crimen, pero sí de algo que podría resultar igualmente grave: haber tenido información clave y no actuar a tiempo. Una omisión que comenzó desde el primer momento La historia se remonta a la madrugada del 16 de abril. A las 4:25 a.m., la madre de Edith acudió ante el Ministerio Público con datos precisos: dirección exacta —Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez—, nombre del edificio y la última ubicación conocida de su hija, de 21 años. Sin embargo, esa información crítica no se incorporó correctamente en las primeras instrucciones giradas a la policía de investigación. Pasaron 15 horas antes de que agentes acudieran al lugar señalado. Para entonces, según las investigaciones, ya se habían perdido horas cruciales. Tres funcionarios, tres fallas clave La fiscal Berta Alcalde detalló el papel de los tres servidores públicos separados: Una agente del Ministerio Público, que recibió la denuncia pero no integró correctamente la dirección en la carpeta de investigación. Un primer policía de investigación, acusado por la familia de solicitar dinero para agilizar trámites y entregar videos de cámaras de vigilancia. Un segundo agente, quien tampoco acudió directamente al domicilio indicado durante su turno. Las tres fallas ocurrieron en distintos momentos, pero dentro de la misma cadena de atención. En todos los casos, la respuesta fue insuficiente. La familia, obligada a investigar por su cuenta Ante la falta de acción institucional, la familia de Edith recurrió a vecinos y comerciantes para reconstruir los últimos pasos de la joven. Fueron ellos quienes rastrearon cámaras, identificaron el edificio y presionaron a las autoridades. Incluso bloquearon vialidades para forzar la intervención oficial. Solo entonces, durante la madrugada del 17 de abril, la fiscalía logró ingresar al inmueble. El contraste es contundente: lo que no se hizo en 15 horas con información precisa, se logró en minutos bajo presión social. Protocolos ignorados El caso ha generado indignación porque, según organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, existían protocolos claros que obligaban a actuar de inmediato, sin necesidad de esperar 72 horas ni contar con una orden de cateo en situaciones de riesgo. El organismo señaló que la actuación fue negligente y contraria a la ley, y afirmó que el feminicidio pudo haberse evitado. ¿Corrupción estructural? La denuncia de la familia sobre solicitudes de dinero no es aislada. En México, las acusaciones por cobros indebidos en agencias del Ministerio Público son frecuentes. Sin embargo, en este caso, la presunta extorsión ocurrió mientras la víctima aún podía estar con vida. Ese detalle eleva la gravedad del caso: no se trata solo de corrupción, sino de una posible omisión con consecuencias fatales. Debate político y posibles consecuencias penales El caso llegó al Congreso de la Ciudad de México el 23 de abril. Legisladores de oposición exigieron investigar no solo administrativamente, sino penalmente, a los funcionarios involucrados. Se planteó incluso la posibilidad de imputarles homicidio por omisión, una figura legal que aplicaría si se demuestra que Edith aún estaba viva cuando las autoridades ya tenían información suficiente para actuar. De confirmarse, sería un precedente histórico: en México, ningún funcionario ha sido procesado penalmente por este delito en un caso de feminicidio. Dos caminos posibles Los tres funcionarios enfrentan ahora dos escenarios: Sanción administrativa: destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Proceso penal: apertura de investigaciones por extorsión, omisión o incluso homicidio por omisión. El segundo camino marcaría un antes y un después en la rendición de cuentas institucional. Una pregunta sin respuesta Hoy, la pregunta que persiste no es solo qué pasará con el responsable directo del crimen, sino si el sistema de justicia tendrá la voluntad de sancionar a quienes, con su inacción, pudieron haber permitido que ocurriera. El caso de Edith Guadalupe no solo expone a individuos, sino a un sistema que, según denuncian organizaciones y familiares, sigue fallando en los momentos más críticos.